Human Rights Watch (HRW) exigió este lunes que el Gobierno de Pakistán revoque una controvertida enmienda de una ley de ciberdelincuencia que endurece las penas de prisión por difamación, que describió como una "campaña concertada para restringir la libertad de expresión y reprimir a la disidencia".
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El llamamiento de HRW se produce después de que el pasado 18 de febrero el Gobierno pakistaní aprobara una orden para modificar la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 (PECA), que incrementa la pena de difamación de autoridades en internet desde los 3 a los 5 años de prisión.
"PECA ha sido utilizada para silenciar la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir las noticias falsas, el crimen cibernético y la desinformación", dijo en un comunicado la subdirectora para el Sur de Asia de Amnistía Internacional, Nadia Rahman.
"Esta enmienda no sólo viola la Constitución de Pakistán, sino que también pone en riesgo a cualquier persona que cuestione el gobierno o cualquier otra institución del estado", agregó Rahman, que señaló que afecta sobre todo a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición.
La enmienda de PECA significa que no se puede obtener libertad bajo fianza por la ofensa de difamación, aumenta la pena máxima de tres a cinco años de prisión, y expande la definición de aquellos que pueden presentar una denuncia de este tipo, que ahora permite a cualquier persona o institución iniciar una acción legal en ese sentido.
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"PECA no protege al público de las preocupaciones legítimas del cibercrimen ni respeta los derechos humanos fundamentales", dijo por su parte la directora adjunta de HRW en Asia, Patricia Gossman.
La Ley de Prevención de Delitos Electrónicos fue aprobada en 2016 bajo el mandato del ahora opositor Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), en medio de fuertes protestas de la oposición, entre los que se encontraba la ahora formación gobernante Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
